martes, 27 de enero de 2015

Haciendo que se hace

La norma general, jurídica y políticamente, es que los asuntos gubernamentales, con contadas excepciones, son públicos. Tiene que haber una razón muy poderosa para que la confidencialidad o secretividad sea legítima. Cierta información íntima o privada de funcionarios entra en esa categoría. Las deliberaciones o discusiones internas en una agencia pública acerca de temas muy sensibles también necesitan de esa protección.

La reforma contributiva -- incluido un informe comisionado con fondos públicos --  no es un asunto que deba mantenerse oculto. Que se haya marginado a dos representantes del interés público en el grupo establecido para hacer recomendaciones formales al gobierno es el colmo de una actitud atropellante, contraria a la transparencia indispensable en una democracia. Tanto el dirigente sindical como el Presidente de la Cámara de Comercio han denunciado la escasa oportunidad que se les brindó para examinar responsablemente el documento de trabajo producido. De esta manera, se redujo su participación a una pro forma, a fin de llenar el expediente, para reclamar amplitud en la consulta al sector privado.

Así se juega a la «democracia».

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