Mejorarse para mudarse

Ha pasado un poco inadvertida la noticia de la mudanza del Tribunal de Apelaciones. El asunto tiene interés porque acusa la raíz del problema: la mala administración en la judicatura que admitió un negocio que más temprano que tarde se hizo insostenible. Pagar más medio millón de dólares mensuales por el arrendamiento de ese edificio era, sencillamente, escandaloso.

Por supuesto, ese no fue el único desacierto en el que incurrió el Poder Judicial como arrendatario. El lío de las Salas de Relaciones de Familia y Menores en Bayamón sigue sin que se adjudiquen responsabilidades con consecuencias para quienes autorizaron ese negocio.

Todo esto pone sobre el tapete dos cosas. Primero, hay que preguntarse si el reclamo insistente de independencia presupuestaria por parte de la judicatura es para tener mano libre para el dispendio y los malos negocios en detrimento del interés público. Segundo, esto deuestra que no es buena política pública que la administración de los tribunales esté en manos exclusivamente de la presidencia del Tribunal Supremo y la dirección de la Oficina de Administración de los Tribunales. Ya se ha visto lo que resulta de un binomio así. Ampliar la facultad directiva para darle participación eficaz al pleno del Tribunal Supremo disminuiría la posibilidad de desaciertos como estos de arrendamientos y construcciones productos del arbitrio y el capricho de un par de funcionarios.