Incumplimiento de los deberes públicos

El país vive secuestrado por las iglesias y otros grupos moralistas en su voluntad de cambio y modernización. Tras largos años de estudio responsable para la puesta al día del Código Civil, en asuntos tan medulares como el derecho de familia, la Presidenta de la Cámara confiesa sin pudor que no se atreve a someter la legislación correspondiente a este aggiornamento, por temor al qué dirán eclesiástico.

Como si viviéramos en una teocracia o las iglesias tuvieran alguna fuerza moral para exigir que la sociedad laica adopte sus particulares códigos de conducta. Bastante mal anda la Iglesia Católica--la de mayor peso en esta ínsula-- y las otras que no son muy «católicas» que digamos en esto de la moral pública y, como dicen ahora, el «modelaje». Si bien se reconoce su derecho a expresar su opinión, ello ni debe ni puede ser el factor decisivo de la política pública. Ser consciente de la necesidad de unos cambios al estado de derecho y no hacerlo por miedo al sector religioso es un acto de cobardía moral y una traición a la función pública que se ha jurado desempeñar.

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