Una mala costumbre

No se trata de si es legal, sino de si es moral o buena política administrativa. Que se nombren jueces de primera y segunda instancia en los últimos días de una gobernación es una mala práctica, desde todo punto de vista. Lamentablemente, es una en la que han incurrido varias administraciones, por lo que no hay fuerza moral para oponerse ahora a lo que se hizo antes. Siempre ha debido tenerse la deferencia de dejar en manos del gobierno entrante el que pueda llenar las vacantes en la judicatura y el ministerio público. Pero, el afán de asegurarse de, sobre todo, una judicatura afecta al gobierno saliente puede más que cualquier noción de buen gobierno.

El asunto tiene una importancia práctica para los perdedores. De esa manera, esperan contar con un criterio judicial favorable, cuando sean acusados o demandados por sus desmanes en la administración pública. Es parte del «seguro» que compran cuando salen del gobierno desde el cual se lucraron indebidamente.