Una medida justa

Siempre me he opuesto a la privatización de la cosa pública. La razón es sencilla: el afán de lucro que anima al sector privado es incompatible con el bien común. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo pasa a ser de empresarios, por empresarios y para empresarios, con efectos desastrosos para el ciudadano común y corriente y el enriquecimiento acelerado e injusto de los que tienen más. La supuesta superioridad del sector privado es un mito y un subterfugio para justificar la puesta en bandeja de plata de los haberes públicos.

La iniciativa del senador Durbin en el Congreso de Estados Unidos me parece muy acertada, pues, justamente, busca que las obras hechas con fondos públicos del gobierno federal de ese país, que pretendan ser entregadas a las llamadas alianzas público privadas, estén sujetas a la devolución de dichos fondos. Resulta eminentemente lógico que, si una obra que se realizó con fondos federales se va a convertir en un negocio privado, se le devuelva lo invertido al gobierno de Estados Unidos.

Ojalá este proyecto se convierta en ley, a ver si frena en algo la alocada carrera de la privatización por parte de un gobierno como el de Puerto Rico, entregado a los grandes intereses económicos, a los que pretende favorecer indebidamente, en perjuicio del país.