Los americanos hablan, y nosotros obedecemos

Debo ser yo el único en este país a quien le resulta extraño que los bonistas le puedan imponer al Gobierno de Puerto Rico la obligación de contratar a unas empresas en particular al son de $25 millones para que intervengan en el diferendo sobre su acreencia. Aunque se puede entender que un acreedor tome medidas para asegurar el pago de una deuda, que llegue al extremo de obligar al deudor a contratar unos servicios profesionales millonarios para que intervengan en el asunto es insólito, y debería ser inaceptable, sobre todo para el Gobierno y sus corporaciones públicas. La gestión de buscar asesoramiento técnico en cuestiones financieras y gerenciales es potestativo de las autoridades gubernamentales. Cedérsela a los acreedores es renunciar al poder constitucional del Estado.

Pero, claro, estamos tan acostumbrados a que nos manden los americanos, que ya lo tomamos como la cosa más natural del mundo...