Un «hoyo negro» administrativo

Hay que separar la paja del grano. Si bien el gran número de investigaciones en año electoral produce la suspicacia de mala intención partidista, no puede despacharse todo con ese señalamiento. Hay que ver los hechos y adjudicar responsabilidades. El caso de las llamadas comunidades especiales amerita un escrutinio bien estricto, pues hay $1,000 millones de por medio y la buena fe y la esperanza tronchada de mucha gente necesitada.

Aparte de complicaciones que pueda haber para determinar ciertas cosas, tratándose de obras de construcción, no debe ser difícil precisar si se construyeron y en qué  estado se entregaron. Ya hay fuertes indicios de que hubo graves fallas en la supervisión de estos proyectos por parte de los funcionarios que los tenían a cargo. Echarle la culpa a los contratistas -- que la tendrían -- no exime de responsabilidad al gobierno. Quienes tenían que velar por el buen uso de los fondos públicos eran los representantes de las agencias gubernamentales con injerencia en esas obras.

Esas personas tienen que pagar por haberse desempeñado dolosa o negligentemente, según sea el caso, en una iniciativa para mejorar las condiciones de vida de tantos puertorriqueños sumidos en la pobreza, que no supieron administrar.