Para poner las casas en orden

El drama que viven esas familias de Juncos en una urbanización inconclusa, mal construida y trunca es uno que se repite a través del país, en mayor o menor grado. Desarrolladores inescrupulosos aprovechan para sus chapuzas la gran escasez de viviendas y gobiernos que piensan mucho en incentivos para la construcción y muy poco en exigir calidad en ella. Dejados a sus anchas, con permisos tramitados festinadamente y poca o ninguna supervisión gubernamental, los contratistas -- miembros de una clase privilegiada por exenciones contributivas que no tienen fin -- hacen los que les da la gana y, en última instancia, se declaran en quiebra, y que se fastidien los compradores de apartamentos y casas que resultan inservibles.

Todo esto se consiente, quedando los dueños con el solo recurso de una larga y costosa acción civil para resacirse. Pero, el Estado, que lo permitió, nada hace. Hasta que se empiece a procesar activamente y a condenar consecuentemente por el delito de fraude en la ejecución de obras de construcción, seguirá esta pocavergüenza. Pero, para eso hace falta un Ministerio Público con agallas y una Judicatura aplomada, y no tenemos ni lo uno ni lo otro.