El país entero está «embargado»

La mera posibilidad de que un pueblo de nuestro país quede «embargado» por el pago de una sentencia del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico en un caso de discrimen político es muestra de la precariedad en la que vivimos. Primero, por el tribalismo político que lleva a alcaldes a despedir empleados por el mero hecho de que son miembros de otro partido, generando con ello reclamaciones judiciales por cuantiosas sumas. Segundo, porque da lugar a invocar la jurisdicción federal, cuya animosidad contra las instituciones puertorriqueñas es legendaria. Una vez más, un juez de esa corte se goza en mantener en vilo algún sector de la vida puertorriqueña, con la amenaza de tomar una decisión que la afecte significativamente, pues con ello reafirma el poder imperial que representa, para satisfacción de su ego y ansias de distinción profesional.