Actitudes justificativas

No nos rasguemos las vestiduras por los señalamientos de las autoridades federales sobre nuestra judicatura.  Puesto aparte mi rechazo a la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, no es cosa de descontar automáticamente cualquier cosa que digan, independientemente de la mala leche con la que la digan.  Lo que debe importar es si tienen algo de razón en su denuncia.  Repetir que nuestra judicatura es impoluta y que nadie debe osar impugnarla es un error que nos lleva a la complicidad del silencio y a hacernos de la vista larga.

La historia judicial puertorriqueña ha tenido sus episodios negativos, no sólo por las proverbiales «manzanas podridas» sino por lo que se ha hecho con ellas.  El sistema judicial ha tolerado, a sabiendas, el desempeño impropio de algunos jueces, a quienes les ha permitido completar su término, renunciar o jubilarse, todo con el propósito de no dar a conocer públicamente la situación, para mantener la «mística» de excelencia y pulcritud.  No es meramente la corrupción como se entiende generalmente lo que es objetable, sino muchas otras formas de proceder.  Hay jueces que nunca fallan en contra del gobierno de turno.  Otros cuelgan la toga y al otro día entran a la política partidista.  Hay magistrados que tienen «duda razonable» que nadie más tendría o encuentran «causa probable» en las circunstancias más improbables imaginables.  La «apreciación de la prueba» es la salida fácil para justificar cualquier fallo; con decir que no le creyeron a un testigo y le creyeron a otro, queda todo arreglado.  Todas estas cosas se conocen en la cofradía judicial, pero en muy pocas ocasiones se actúa para ponerle coto.

«La verdad, aunque severa, es amiga verdadera.»