No se quejen.

La llamada sociedad civil se moviliza en caminatas, marchas, protestas y reuniones continuas para denunciar y oponerse al desenfreno desarrollista que destruye el equilibrio ambiental de nuestra isla.  Todo eso está muy bien, pero la realidad es que poco de ello es verdaderamente eficaz para detener esos crímenes contra la naturaleza.  La complicidad o tolerancia del gobierno con el sector de la construcción es manifiesta, y es imposible litigar oportunamente cada agresión al ambiente.  Aunque lo fuera, ello dependería de que la judicatura estuviera inclinada a acoger los planteamientos de protección ambiental, cosa que sabemos no es así.

Resulta claro que tenemos lo que el país escogió abrumadoramente en las urnas.  Se eligió, a sabiendas, un gobierno de riquitos y hombres de negocio, que creen que los árboles son un estorbo público y que los terrenos, aun los agrícolas, deben ser sembrados de cemento.  El país fue advertido de ello, pero escogió  hacer caso omiso.  ¿Cuántos de esa sociedad civil votaron por el actual partido de gobierno?  Pues, ahí tienen.

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