Los «lodos» de hoy

Hace cerca de 20 años, en Puerto Rico se comenzó a propagar la idea de que el gobierno - con sus leyes, reglamentos y normas -  era un obstáculo para el progreso económico, y que era necesario que se convirtiera en un «facilitador» de la gestión privada, verdadero motor de ese progreso.  El gobierno de turno acogió ese discurso, y entonces comenzó el desmantelamiento de la función reguladora del Estado, mediante la derogación de leyes y reglamentos a granel o su considerable debilitamiento.  Elemento central en este disloque fue el asunto de los permisos de construcción, de ubicación y de uso.  Con la prédica machacona de que los trámites de estos permisos eran muy largos y costosos, se llegó a proponer un sistema que los concediera en 24 horas.  Sin llegar a ese absurdo, lo que disparatadamente se llama «permisología» en nuestro país no es otra cosa que un «himen complaciente» de comerciantes y desarrolladores.  Permiso solicitado, permiso concedido.

Todo esto viene a cuento por la denuncia de varios ciudadanos a quienes se les han instalado o se les pretenden instalar torres de telecomunicaciones a distancias muy imprudentes de sus residencias.  El gobierno, emasculado en su función fiscalizadora y protectora del bien común, se muestra incapaz de ponerle coto a esta práctica abusiva de esas empresas.  En buena medida, lo que hay es una complicidad por inacción.  El sector privado, que se sabe privilegiado y protegido por un gobierno que le es afecto en demasía, desfachatadamente, realiza las instalaciones donde le viene en ganas, incluso a 67 pies de una vivienda.

Éstas son las consecuencias directas de «facilitarle» la vida al sector privado.