«Vísteme despacio...»

Hombre, nadie está en contra de que el gobierno sea más «ágil», pero la cuestión está en cómo se logra eso. El problema es que para el gobernador Fortuño y la gente de su clase la forma de hacerlo es desmantelar el andamiaje jurídico protector de derechos y crear procedimientos ultra rápidos para otorgar autorizaciones y permisos de todas clases. Fortuño es un abogado corporativo que, al advenir al poder político, ha continuado al servicio de los grandes intereses comerciales y económicos del país. Su visión de mundo es que el gobierno es ineficiente y malo, y que para lo único que sirve es para beneficiar económicamente a los grandes empresarios, utlizando los fondos públicos para hacer obras o poner servicios en manos privadas que se enriquezcan con ello. De manera que el sonsonete de la «agilidad» es un subterfugio para justificar este proceder para favorecer a sus amigos los ricos.

El país tiene que distinguir entre las gestiones que legítimamente se pueden acelerar y las que necesitan ponderación. La prisa es mala consejera; sobre todo, cuando hay un interés público importante de por medio como la protección del ambiente y los recursos naturales. Tratar estos asuntos festinadamente, en pos de una supuesta «agilidad» ya ha traído y seguirá trayendo consecuencias funestas para Puerto Rico.

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