lunes, 26 de octubre de 2015

La estupidez tiene un costo

La noticia de que los municipios puertorriqueños dejan de recibir $850 millones por exenciones contributivas al sector privado es parte de la razón por la cual el gobierno de Puerto Rico enfrenta las graves dificultades actuales. Esa, más otra cifra millonaria de impuestos sin recaudar por parte del gobierno central, explican, en gran medida, por qué el sector gubernamental carece de suficientes recursos para atender adecuadamente las necesidades del país.

La política pública de varios gobiernos, de eximir de impuestos a empresas, con el fin de que se establezcan o amplíen sus operaciones en el país, para supuestamente crear empleos, nunca ha funcionado. Ahora, cuando el asunto ha hecho crisis, se «descubre» esta tomadura de pelo, como si no se supiera que los empresarios jamás tuvieron la menor intención de crear ni un solo puesto de trabajo, pues todo lo que querían era aprovechar la ventaja de pagar menos impuestos.

Gobierno tras gobierno no se ocuparon de exigir el cumplimiento de ese compromiso, para no enajenar a los grandes contribuyentes políticos y, por otro lado, no lllamar la atención a una política pública embarazosamente fallida.

Se acabó el disimulo.

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