Una procuraduría emasculada

La primera impresión que el país tuvo de la Procuradora de las Mujeres fue de cierta ambigüedad y apocamiento.  Algunas voces legislativas así lo señalaron, al igual que otras de la comunidad general.  Parecía que la designada, venida del estrado judicial, no tenía la fogosidad del litigante para abogar por su causa.

Lo ocurrido ahora en torno de la Ley 54 sobre violencia doméstica parece acusar una pasividad inaceptable en ese cargo.  La ex juez da la impresión de que entiende su función como una de instrumentar la política pública que el poder legislativo formule, con poca o ninguna aportación suya como representante del sector más afectado por el problema y por la legislación que se apruebe para atenderlo.

Sea por falta de temperamento o por falta de convencimiento, su desempeño no  ha estado a la altura de lo que se espera en un momento de crisis como el actual.  Cierto es que su agencia se ha visto afectada significativamente por la reducción de personal y de otros recursos ordenada por el mismo gobierno, pero ello no excusa la falta de energía institucional que se percibe en su desempeño oficial.

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