Un crimen ambiental

La tala de árboles en Ponce, para la ampliación de un centro comercial, es muestra del desenfreno desarrollista consentido por el Estado, en nombre del «progreso». De poco valen leyes y reglamentos, si hay una condescendencia extrema con los grandes intereses económicos, otorgándoles permisos que resultan contrarios a la política pública conservacionista. Es así como, a ciencia y paciencia del gobierno, se subvierte el orden en materia ambiental. La siembra de cemento que comenzó hace décadas continúa sin freno, a pesar de un ordenamiento jurídico que, sobre el papel, parece evitarla.

Y es que, más que todo, lo que hace falta es voluntad política para defender el interés público ante los desafueros del capital. Un capital que compra conciencias y espíritus débiles, que se hacen de la vista larga ante la prepotencia de unos ricos que se sienten dueños del país.