Medinadas

Los dimes y diretes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico no son cosa nueva, pero, de un tiempo a esta parte, se han recrudecido. El más reciente intercambio constituye un capítulo más de una bochornosa trayectoria que desmerece la institución y ofrece un pésimo ejemplo para la abogacía puertorriqueña y el resto del país. Ahora, a la mediocridad intelectual y jurídica se une la incivilidad en el trato entre los jueces asociados. ¿Con qué fuerza moral pueden esas señoras y señores jueces disciplinar a abogados por un comportamiento irrespetuoso en un tribunal o entre colegas fuera de este?

El PPD no pega una. Ni el de ahora, ni el de hace unos años. De sostenerse -- es de esperar que el gobierno apele el fallo -- el dictamen del tribunal en el caso de las comunidades especiales en Guaynabo, se trata de un error elemental de derecho y administración pública. Porque eso de no notificarle ni darle participación al alcalde en el programa que declaraba «comunidades especiales» a ciertos sectores de su municipio es un error garrafal, que ahora, siete años después, ha dado lugar a la anulación de todo ese proceso. Y es que, seguramente, esa actitud imbécil, infantil y mezquina de nuestra política, que toma al adversario político como enemigo a muerte con quien no se puede tener ninguna consideración, fue lo que propició este desacierto. Se quiere gobernar solo con los del partido en el poder, y ello lleva a ignorar a los funcionarios del partido opositor, aun cuando, como en este caso, la ley exija su participación. Por burradas como esta se ha hundido el país. Y luego se q...

Todo por salvarle el pellejo al nene del exgobernador Hernández Colón. Ahora el Presidente del Senado se da cuenta de que el jefe de la Oficina de Puerto Rico en Washington -- un engendro del cual él fue director -- también debe estar exento de la prohibición de usar el vehículo oficial a todas horas. Hasta ha llegado a decir que esa Oficina es como una «embajada», con muchas funciones protocolares que se realizan de noche. Como ir a buscar al Secretario de la Gobernación al aeropuerto y llevarlo a cenar, como ha dicho el actual Director, cuyo candor e ingenuidad son de todos conocidas. Curiosamente, al senador Bhatia no se le ocurrió esto cuando el Senado que preside aprobó la Ley 60-2014 de 30 de mayo para limitar el uso de los vehículos oficiales, con exclusión de solo ocho funcionarios.

Dice el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico: «No hay mucho espacio para recortar gastos. Hay que ajustar el próximo presupuesto. No podemos gastar más de los ingresos ». ¡Hombre, ha descubierto el Caribe en el siglo XXI! Pues, claro que no. Eso lo sabe cualquiera... excepto los últimos cinco o seis gobernadores de esta colonia, que, confiando en la benevolencia del amo del Norte -- que parecía que nunca tendría problemas económicos -- gastaron muchísimo más que los ingresos del país. Esos manirrotos gobernaron a base de coger prestado, pues era lo único que sabían hacer. No sirvieron ni para administrar bien la colonia, que es lo único que pueden hacer los funcionarios puertorriqueños, desde el Gobernador para abajo.

La jueza Isabel Llompart no gana para sustos. La Directora Administrativa de los Tribunales no sale de una, cuando ya está metida en otra. Como si fueran pocos los líos de corrupción y desastres administrativos que han parado en los tribunales, ahora ha tenido que cerrar el Centro Judicial de San Juan -- el principal del país -- por falta de agua. Con el racionamiento del agua debido a la sequía, el Centro esperaba funcionar con su cisterna, pero esta ha sufrido un «desperfecto mecánico». Esperemos que no se trate de falta de mantenimiento, imputable a un descuido administrativo...

Es de suponer que, ahora que el Tribunal Federal ha sentenciado al exjuez Manuel Acevedo Hernández a diez años de reclusión por corrupción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sacará un ratito para desaforarlo indefinidamente. El Poder Judicial puertorriqueño, inexplicablmente, se ha tomado todo su tiempo en completar lo que es, en esencia, un trámite pro forma , habida cuenta de los hechos de este caso. Con ello, queda mal parado, en una situación subordinada a las autoridades federales de Estados Unidos, inepto e injustificadamente lento en cumplir con su responsabilidad disciplinaria de la abogacía. Un día de estos, alguien se va a ocupar de exponer públicamente el tiempo que se tarda el Tribunal Supremo en decidir los casos de disciplina de la abogacía y sus resultados. Cuando eso ocurra, se verá que se trata de una situación escandalosa, consentida y tolerada por el Alto Foro durante muchos años, de la cual se han hecho partícipes figuras relevantes de nuestra profesión.

Lo cierto es que ya resulta bochornoso ver al Poder Judicial puertorriqueño continuamente metido en líos en los tribunales por sus desvaríos administrativos de los últimos años. Como si no fueran suficientes los escándalos de corrupción, y la lentitud en investigarlos y resolverlos, Tribunales enfrenta líos con un casero, que tuvo que transar, y litiga una deuda con la Autoridad de Edificios Públicos. Francamente, se ve muy feo que la vertiente administrativa de los tribunales esté en entredicho o impugnada por sus actos, al punto de tener que acudir ante un tribunal como cualquier hijo de vecino. Hombre, no es que no tenga derecho a defenderse legítimamente, pero las razones por las cuales la llevan a la corte no son nada bonitas, y acusan un desmadre administrativo y gerencial que desdice del poder que todos los días le dice a la gente lo que está bien y lo que no lo está. Lo peor de todo es que esto ocurra ahora, cuando lloran como magdalenas porque no tienen dinero para operar....